Por Andrea Baranes, Fondazione Finanza Etica, Grupo Banca Etica.
¿Qué impacto tienen los paraísos fiscales? El más evidente es favorecer la evasión fiscal y la fuga de capitales, sustrayendo a los Estados recursos esenciales para la garantía de los servicios esenciales a su ciudadanía. Una de las consecuencias directas también es el aumento de las desigualdades: los paraísos fiscales benefician sobre todo a las grandes empresas y las personas más acaudaladas, mientras que el mal funcionamiento de los servicios públicos afecta principalmente a las personas pobres y las franjas más débiles de la población.
Las mismas jurisdicciones y los mismos mecanismos que permiten que las empresas y las personas más ricas no paguen impuestos u oculten sus fortunas personales en el extranjero están además detrás del blanqueo y la corrupción y permiten, o por lo menos facilitan, los tráficos ilegales y la actividad criminal.
Hay también otro impacto, menos evidente, que agudiza la desigualdad y la injusticia: los paraísos fiscales crean competencia desleal entre las grandes multinacionales y las pequeñas empresas locales. Las primeras pueden jugar entre sus propias filiales, creándolas incluso ad hoc en territorios de fiscalidad baja, mientras que una empresa pequeña vinculada a un territorio determinado no dispone de los mismos trucos y escapatorias.
La competencia desleal afecta a las empresas de forma individual pero es aún más devastadora para los Estados. Desde hace décadas asistimos a una auténtica competición despiadada entre los gobiernos en materia de normativa ambiental, social y fiscal, esta última de forma determinante. Con la libertad de movimiento de capitales y la deslocalización de las actividades productivas, las principales multinacionales pueden elegir el Estado que les garantice las mejores condiciones para cada operación Así, puedo situar mi empresa de producción en China o en las maquiladoras de México para aprovechar la debilidad de las leyes del derecho laboral o ambiental. Del mismo modo, puedo elegir la sede legal y la fiscal de forma que me permita «optimizar» mi carga fiscal.
La consecuencia es una competencia entre gobiernos para garantizar las mejores condiciones a las grandes empresas con el fin de atraer capitales e inversión. Y así, en los últimos años, todas las principales economías han disminuido los tipos impositivos a las empresas. El resultado se traduce, por enésima vez, en una mayor desigualdad e injusticia. De hecho, los Estados tienen dos posibilidades para compensar la reducción de sus ingresos fiscales: hacer recaer la carga fiscal sobre las personas trabajadoras y quienes no pueden elegir a su comodidad un domicilio en cualquier parte del mundo o recortar de los servicios públicos para hacer cuadrar las cuentas, empezando por la educación, la sanidad y las pensiones.
Y no solo disminuyen los tipos impositivos. Los Estados recurren cada vez con más frecuencia a acuerdos ad hoc con una única empresa multinacional a la que garantizan un trato fiscal de favor. Son los Acuerdos Previos sobre Precios de Transferencia (APP), conocidos también como «sweetheart deals», literalmente «acuerdos entre enamorados», en los que un gobierno negocia directamente sus condiciones fiscales con la empresa en cuestión (tipos impositivos, exenciones y muchas más). En marzo de 2018, la Comisión ha publicado los datos sobre los APP actualizados a fecha de 2016.
En total hay más de 1.500 APP firmados con empresas de la UE y 700 más con empresas de fuera de Europa. En Italia hablamos de unas cuarenta, tanto dentro como fuera de la UE, y en España 39 y 14 respectivamente. En Europa, la palma se la llevan en primer lugar Bélgica (650 y 440) y Luxemburgo (599, todas dentro de la UE). Parece que algunos países están decididamente más dispuestos que otros a sentarse a la mesa con las empresas multinacionales para debatir temas fiscales. Casualmente, uno de ellos es precisamente Luxemburgo, donde el actual Presidente de la Comisión Europea Juncker ha sido Ministro de Finanzas y Primer Ministro durante casi veinte años.
Al hilo de cuanto se ha destapado con el escándalo denominado «Luxembourg Leaks» sobre las concesiones de favor que el Gran Ducado ha hecho a multinacionales, la sensación que queda es que también en el viejo continente se debería hablar más de «Competición» que de «Unión» Europea, por lo menos en materia fiscal, con gobiernos que compiten para atraer a las empresas ofreciéndoles condiciones cada vez mejores. Si es así en un territorio dotado de moneda única, instituciones comunes y con un recorrido de integración de décadas, no es difícil imaginar hasta qué punto puede ser desesperada la competencia a escala global.
Principalmente a causa de los gigantescos intereses en juego, la comunidad internacional no ha sido capaz de aplicar un enfoque cooperativo a esta cuestión. No existen acuerdos internacionales que definan qué es un paraíso fiscal, ni mucho menos una institución ad hoc que establezca reglas comunes en materia de fiscalidad. Solo por poner un ejemplo, ¿por qué los gobiernos han dedicado sus energías al más alto nivel y a escala internacional durante décadas para sacar adelante el libre comercio en la Organización Mundial del Comercio – OMC pero nunca se ha puesto en marcha una Organización Mundial de la Hacienda? ¿Es una cuestión técnica o de voluntad política?
Hasta la fecha, en el enfoque aplicado solo se han publicado listas negras y grises de presuntos paraísos fiscales, persiguiendo a la islilla tropical de turno para intentar imponer una mayor transparencia o una normativa específica. Un enfoque destinado a fallar por tres motivos como mínimo. En primer lugar, cuando hablamos de paraísos fiscales, hablamos de un auténtico mercado propio de la evasión, la opacidad y el blanqueo en el que cada jurisdicción intenta ofrecer determinados servicios a las empresas y los capitales, ocupando un nicho específico en dicho mercado. Aunque se obligue a un lugar de ultramar a modificar una normativa suya, al día siguiente habrá otro que ocupará su puesto. En segundo lugar, en base a análisis más profundos como el de la Red para la Justicia Fiscal, las jurisdicciones con mayor opacidad no están en atolones tropicales perdidos sino más bien entre las economías más importantes del planeta. Entre las diez que encabezan el Índice de Opacidad Fiscal encontramos a Suiza, EE.UU. y Alemania. En tercer lugar, en vez de observar únicamente dónde termina el dinero, se debería buscar quién se beneficia y empezar a intervenir en origen.
En este sentido, hace tiempo que se presentó una propuesta, hoy ya debatida en la UE, para que todas las empresas multinacionales publicaran sus balances divididos por las jurisdicciones en las que operan (informe por país). Se trata de una de las medidas más importantes que se podrían tomar no solo contra la evasión fiscal sino también para contrarrestar el blanqueo internacional y el tráfico ilícito.
De manera aún más general, intervenir en origen implica repensar algunas de las tesis que regulan el funcionamiento del sistema financiero global. La primera de todas es la libertad total de movimiento de capitales, auténtico dogma propio de las doctrinas económicas dominantes de las últimas décadas. La liberalización completa de los flujos de capitales es uno de los motivos fundamentales que originan la proliferación de los paraísos fiscales, la competición despiadada entre los países, la incapacidad de los gobiernos para gravar los patrimonios muebles y financieros y el crecimiento de la desigualdad.
Frente a lo insostenible de la situación actual y del fracaso de los abordajes implementados, debemos pues volver a someter a un debate de raíz conceptos que hoy se dan por consolidados y en primer lugar entre ellos, la liberalización del flujo de capitales. Necesitamos reglas nuevas para cerrar el casino financiero y parar los desastres provocados por los paraísos fiscales. Antes incluso que sobre el plano financiero, debería incidirse sobre el plano cultural y el de la visión política y es sobre todo en estos terrenos donde es necesario un valor y una visión a largo plazo que hasta hoy brillan por su ausencia.
