Por Andrea Baranes, vicepresidente de Banca Etica
Estas semanas, las instituciones de la Unión Europea están debatiendo los presupuestos 2021-2027, que deberán tener en cuenta las medidas ya puestas en marcha y las previstas para afrontar la pandemia tanto desde el punto de vista sanitario como económico.
Ante un PIB europeo que puede caer más del 8% en 2020, la Comisión presentó en mayo una nueva propuesta de presupuestos que ahora debe pasar el tamiz del Consejo y el Parlamento europeos. Precisamente el Parlamento ha tomado postura recientemente, pidiendo un replanteamiento de los «recursos propios» de la UE en una resolución aprobada el pasado 16 de septiembre. En las últimas décadas, los recursos procedían en gran parte de derechos de aduana y de las contribuciones de cada uno de los Estados, pero ahora podrían provenir de una nueva fiscalidad a escala europea.
Hablar de fiscalidad europea implica la necesidad de avanzar al menos en dos direcciones.
La primera es una armonización entre los países miembro. En material fiscal, más que de «Unión» Europea, hoy debería hablarse de «competición» europea, ya que los Estados están empeñados en una carrera por atraer capitales e inversiones en la que compiten con los demás miembros. Es una competición que pasa frecuentemente por una reducción de la fiscalidad a las empresas. No es casualidad que muchos de los paraísos fiscales del planeta se encuentren en Europa. Las multinacionales son las verdaderas vencedoras de esta competición acérrima entre países miembro en materia fiscal, que hace posible que las grandes corporaciones puedan elegir la jurisdicción que les garantice las mejores condiciones para cada actividad.
La armonización fiscal no es el único tema: hoy sería deseable una verdadera actualización de los propios impuestos europeos.
¿Habrá finalmente un impuesto europeo sobre las transacciones financieras?
Uno de estos podría ser el impuesto sobre las transacciones financieras (o ITF), que la evolución de las finanzas viene recomendando hace tiempo. Una tasa pensada para no interferir con el funcionamiento normal de los mercados financieros, pero que sería extremadamente eficaz contra la especulación y las operaciones a cortísimo plazo que generan inestabilidad y crisis continuas. Hace años que se debate su introducción en una decena de países europeos. Según las estimaciones de la Comisión Europea, aunque solo se aplicara en estos diez países, un ITF podría generar unos ingresos de más de 80.000 millones de euros al año. La propia Comisión ya publicó un óptimo borrador de Directiva en 2016 y el Parlamento Europeo votó en pleno a favor de su introducción, pero esta medida sigue sin ver la luz, atrapada en los debates infinitos de cada uno de los países.
Ahora, el Parlamento Europeo vuelve a pedir un impuesto sobre las transacciones financieras, junto con otras medidas diferentes en materia fiscal, para posibilitar que la UE tenga acceso a los recursos necesarios para financiar la recuperación económica después de la crisis vinculada a la pandemia. Varios diputados europeos han subrayado que dichos recursos no pueden traducirse únicamente en deuda nueva que acabaría recayendo sobre la ciudadanía europea y, sobre todo, sobre las generaciones futuras.
Otras fuentes de financiación posibles para el Plan de Recuperación de la UE: tasar a los gigantes de internet y al contenido de carbono de sus importaciones.
De aquí procede la lista incluida en la resolución aprobada por el Parlamento a mediados de septiembre, que comprende el ITF y una base imponible consolidada para las empresas (avanzando precisamente hacia la armonización fiscal de la UE). Entre otras propuestas del Parlamento se cuenta un impuesto sobre los servicios digitales (para conseguir gravar a los gigantes de internet), una contribución por los resíduos de embalajes de plástico no reciclados y una tasa sobre el contenido de carbono de las importaciones.
Como en el caso del ITF, esta última propuesta no está pensada únicamente para generar un ingreso, sino sobre todo para contrarestar algunos impactos negativos. Si en el caso del ITF se trataba de la especulación, un impuesto sobre el contenido de carbono de las importaciones serviría para evitar que los productos importados de países extracomunitarios sigan siendo productos que responden a un estándar inferior, mientras que en Europa se toman medidas para disminuir el consumo de combustibles fósiles y luchar contra el cambio climático. Además del daño ambiental que producen, de hecho se trata de un caso de competencia desleal por parte de terceros países, pero también de un incentivo a que nuestras empresas deslocalicen la producción a lugares fuera de la UE en los que la normativa es más débil en materia ambiental.
La resolución del 16 de septiembre es un primer paso, aunque se sabe que el Parlamento es la más débil de las tres instituciones europeas. Especialmente en lo que respecta a los presupuestos, es la Comisión la que formula la propuesta, mientras que la última palabra la tiene el Consejo, o en realidad los gobiernos individuales de cada país de la UE. Sigue siendo cierto que se ha abierto un importante espacio político y de debate y que el Parlamento deberá pronunciarse de nuevo antes de que venza el presupuesto actual (el 31 de diciembre de 2020) y se apruebe el de 2021-2027. Varios parlamentarios ya han señalado que consideran inaceptable la ausencia de medidas que vayan en la dirección descrita. En los próximos meses veremos si las instituciones europeas, y sobre todo los países miembros a título individual, querrán avanzar en este ambicioso proceso y hasta qué punto.
