En 2018, la Comisión Europea puso en marcha su Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, un proceso para movilizar las finanzas públicas y privadas en favor de la transición hacia un modelo económico y productivo ecológicamente sostenible.

Hace pocas semanas entró en vigor la taxonomía de las actividades verdes, que define los ámbitos operativos hacia los que se deben orientar las inversiones verdes.

La construcción de un nuevo marco para las finanzas sostenibles (reforzada ya a principios de 2020 con el anuncio del Pacto Verde Europeo y del plan de inversiones vinculado al mismo) ha tenido que tener en cuenta la explosión del Covid 19, que ha impuesto una nueva reflexión sobre el papel de la sostenibilidad a la hora de guiar la deseada recuperación económica.

Así, la Comisión ha aprovechado la ocasión para elaborar una nueva Estrategia de Finanzas Sostenibles con la que, según explica el documento base, se intenta responder a la necesidad de reforzar el compromiso con la sostenibilidad y la resiliencia de las comunidades, también con el fin de hacerlas menos vulnerables a emergencias sanitarias similares a la de estos meses.

Un sistema económico realmente ecocompatible requiere una inversión ingente (cerca de 260.000 millones de euros al año, solo para alcanzar los objetivos relacionados con el clima y la energía marcados para 2030), y esta debe dedicarse sobre todo a la transición de las PYMES y a la valorización del personal, para garantizar así un cambio de paradigma que pueda llevarse a cabo en todo el tejido económico, salvaguardando los principios de equidad e inclusión. Para hacerlo, la Comisión se propone actuar sobre todo a través de tres directrices:

• promoción de las inversiones sostenibles, llevando a los agentes, financieros o no, a abandonar las lógicas cortoplacistas y a concentrarse en el desafío de la sostenibilidad a largo plazo
•  refuerzo de las iniciativas que generen un impacto positivo, tomadas por ciudadanía, las empresas y las instituciones financieras
• favorecer la plena integración y gestión de los riesgos ambientales y climáticos por parte del sistema financiero, garantizando al mismo tiempo la gestión de los riesgos sociales allí donde sean relevantes.

La consulta pública

La Comisión ha decidido definir la nueva Estrategia recogiendo propuestas de todos los sujetos interesados mediante una consulta pública dirigida a la ciudadanía, a instituciones, representantes del sector privado, con y sin ánimo de lucro, del mundo de las finanzas y de la investigación.

Se han propuesto cuestiones específicas a las partes interesadas: desde tesis para investigar cómo transformar las finanzas y la economía para que sean fundamentalmente sostenibles (cuestiones dirigidas a todos los sujetos interesados, ciudadanía incluida), hasta aquellas relacionadas con temas más técnicos (dirigidas a operadores del mercado y sujetos con competencias específicas) y tesis para comprender cómo reforzar los factores fundamentales de las finanzas sostenibles: desde los estándares al rendimiento de cuentas, desde los instrumentos financieros (bonos verdes, titulizaciones) a la modalidad de captación de inversores y del mercado de capitales y desde el tema del impacto hasta la gestión de los riesgos financieros.

La consulta permaneció abierta del 8 de abril al 15 de julio pasados y contó con la participación de más de 600 personas.

La contribución de las finanzas éticas

En cualquier caso, las finanzas éticas han querido hacer oír su voz en la consulta a través de la contribución enviada por FEBEA (la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos) que, con la colaboración del Grupo Banca Etica, entre otros, ha respondido al cuestionario sugiriendo medidas diversas para la nueva estrategia.

Algunas propuestas señalaban la importancia de reforzar la uniformidad de estándares e instrumentos de rendición de cuentas de sostenibilidad, favoreciendo la aplicación de normas comunes, pero que deberían modularse teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de los agentes financieros e industriales; otras, la importancia de prever también incentivos fiscales para la transición verde de los procesos operativos y las competencias profesionales, la implicación de las ONG en el control de la implementación del Plan de Finanzas Sostenibles, el refuerzo de la educación financiera así como de la formación, también profesional, en finanzas sostenibles y la previsión de medidas de remuneración más igualitarias en los bancos, tomando ejemplo de la experiencia de los bancos éticos.

La contribución de FEBEA ha subrayado sobre todo la necesidad de centrar las finanzas sostenibles en el tema de las finanzas sociales.

Por este motivo, se han presentado propuestas orientadas a:

• incentivar una dimensión social en la taxonomía de la UE (que hoy presta atención únicamente a las normas de protección de los derechos humanos y los derechos laborales)
• incentivar instrumentos y medidas de crédito: desde el incremento de los fondos de garantía dedicados hasta la reducción de los requisitos de absorción patrimonial para las garantías.
•  incentivar estándares y etiquetas específicas para cuentas corrientes y financiaciones sociales

En los meses próximos será posible evaluar el éxito de este proceso, muy importante también a la luz del debate sobre las actuaciones del Fondo de Recuperación que se está dando en varios Estados miembro.

Un proceso entre luces y sombras…

Naturalmente, el movimiento de las finanzas éticas europeas está siguiendo con atención los trabajos de la Comisión. El entusiasmo inicial por el hecho de que la UE hubiera reconocido finalmente el papel de las finanzas sostenibles en la construcción de un sistema económico más equitativo y eficaz ha dado paso a una cierta desilusión en las fases sucesivas, cuando comprendimos que la Comisión parecía tener intención de considerar casi exclusivamente los factores ambientales en la definición de las inversiones sostenibles y no los sociales (como por ejemplo, la promoción del personal, la oposición a los paraísos fiscales, el bienestar y la inclusión de las comunidades, etc.).

O como cuando la Comisión nombró como asesor para la implementación del Plan de Acción a Blackrock, el coloso de Wall Street, el cual, a pesar de haber anunciado su intención de convertirse a las finanzas responsables, sigue generando mucha controversia por el papel que ejerce en la financiación masiva de petroleras y otros magnates de las fuentes de energía fósiles, así como de empresas con una grave responsabilidad en la violación de los derechos civiles en los EE.UU. y otros países, como ha denunciado la campaña «Stop the Money Pipeline».