Nos encontramos en la convergencia de tres grandes crisis, la pandémica, la económico-financiera y la climática.

Los Acuerdos de París de 2015 sancionaron el compromiso de la mayoría de los países del mundo de reducir drásticamente las emisiones de gases causantes del cambio climático hasta llegar al objetivo final de cero emisiones netas para 2050, una meta que, si se consigue, permitiría limitar el aumento de la temperatura global por debajo de +2°C, salvaguardando así el ecosistema y la vida misma sobre el planeta.

Para conseguir este objetivo, es necesario poner en marcha una serie de decisiones políticas, tecnológicas, sociales e individuales que implican cambios radicales. Es la llamada «transición ecológica» que hoy es el centro del debate público mundial.

La enorme contribución que hacen los principales grupos bancarios del mundo a la economía fósil y al calentamiento global, incluso después de los compromisos asumidos en los Acuerdos de París y a pesar de las pruebas científicas que subrayan que la transición ecológica debe ser ante todo una transición energética. Nos lo recuerdan año tras año los informes del Centro Delàs y en su última entrevista y Andrea Baranes vice presidente del banco en su libro «Qué es la transición ecológica. Clima, medio ambiente y desigualdades sociales».

Como subraya Baranes, tres billones ochocientos mil dólares es la ingente montaña de dinero que los 60 grupos bancarios mayores del mundo destinan a la industria de los combustibles fósiles.

Pero si se investiga en mayor profundidad el tema de la compleja relación entre las finanzas y el cambio climático, se observan otros elementos críticos que lo componen. En primer lugar, la búsqueda del máximo beneficio en el menor tiempo posible —que impulsa a las empresas a tratar los impactos ambientales y sociales como aspectos externos completamente irrelevantes, en el codicioso intento de conseguir los objetivos impuestos por unas finanzas hipertróficas y autorreferenciales.

En segundo lugar, un sistema completamente desconectado de las necesidades de la economía real —que no cumple con su objetivo social original de conceder crédito y que privilegia una especulación financiera cada vez más desaprensiva con objetivos a corto plazo— y por último el tema de los activos obsoletos, es decir, las reservas de combustibles fósiles que no deberían extraerse para proteger el planeta y que representan el valor bursátil de las principales industrias del sector (que precisamente por esto, se opondrían a un posible acuerdo internacional que prohibiera la extracción de recursos como el carbón, el petróleo o el gas).

La transición ecológica es ante todo una transición energética. ¿Cuál es la contribución de las finanzas éticas en este terreno?
¿Hay señales positivas en este marco preocupante? Sí, una de ellas es el interés creciente de las personas ahorradoras por el tema ambiental: muchos inversores solicitan cada vez más que su dinero no se destine a empresas que alimentan el calentamiento global. En los tres primeros meses de 2021, según los datos de Morningstar recopilados por la fundación Finanza Etica, se invirtieron casi dos mil millones de dólares al día en fondos sostenibles. Y las finanzas «verdes» nunca parecen haber sido tan populares.

Sin embargo, estas últimas no puede ser resolutivas, especialmente tal y como las define y regula el marco del Plan de Acción Europeo, porque de hecho no cuestionan las raíces de todo el sistema y siguen considerando la sostenibilidad como un objetivo secundario o, peor aún, como un instrumento de mercadotecnia funcional para incrementar beneficios (si quieres saber más, te remitimos a nuestra reflexión sobre las diferencias entre las finanzas éticas y las finanzas sostenibles).

La aportación de Baranes concluye con una invitación a actuar desde la base, realizando una reflexión consciente sobre el uso que se hace de nuestro dinero una vez que lo confiamos a las entidades de crédito y las sociedades de gestión de activos. La única alternativa real está en el enfoque de las finanzas éticas, caracterizado por la transparencia, la participación y la evaluación de todos los impactos de sus actividades, tanto sociales como ambientales. Pero también es necesaria una regulación desde arriba, una dirección normativa que, mediante una serie de acciones y decisiones radicales, pueda llevar a las finanzas a ser un instrumento al servicio de planeta y la sociedad.

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